El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, autoridades estatales, presidentes municipales que integran la región Costalegre: Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán, así como sociedad civil, presentaron la mañana del sábado, las bases de lo que será el Plan Maestro de Desarrollo de Costalegre, que tendrá un impacto directo en el bienestar social, la economía, el ordenamiento territorial y protección del medio ambiente, en la zona.
En su mensaje, el titular del Poder Ejecutivo fue enfático al asegurar que en toda acción, acuerdo y usos que se dé a la zona durante la ejecución del plan de desarrollo, él estará al frente personalmente como mediador, promotor y regulador en el proceso de consolidación, sin poner intermediarios.
“Vengo a plantear desde el Gobierno del Estado, que tiene la responsabilidad de conducir este proceso, es una de las funciones centrales de la autoridad el asumir a una gobierno promotor, a un gobierno regulador, a un gobierno que garantice la vigencia del estado de derecho, el respeto a los acuerdos, un gobierno que sea capaz de mediar sin intereses particulares de por medio en los distintos frentes de debate que pueda haber en el desarrollo de lo que puede ser el proyecto de crecimiento económico más grande del país, si hacemos lo que nos toca, si cada quien hace su parte”.
Al pie de la playa de Chalacatepec, Enrique Alfaro, destacó que la presentación de esta plataforma de trabajo, sobre la que se va a construir este plan, tiene como propósito que este mismo año, en cinco meses, se pueda tener definido un gran acuerdo de todos los actores políticos sociales, económicos, académicos de la Costalegre que dé rumbo a la región.
Las bases del Plan Maestro abarcan varias acciones como trabajos de infraestructura, para mejorar el estado de las vías de comunicación, tanto carreteras como aeronáuticas, así como el aumento en el equipamiento para el desarrollo social con nuevas escuelas y módulos de salud.
El Gobernador dejó en claro que la intervención en la Costalegre será responsable con el medio ambiente, con las zonas de campamentos tortugueros, así como con la participación de los más de 125 mil habitantes de la región. Agregó que actualmente en la Costalegre existe un uso constante de agroquímicos, de práctica de pesca furtiva y azolve en humedales, hay conflictos de tenencia de la tierra, deforestación de selva por actividades agropecuarias, tala ilegal y no se tiene un manejo adecuado de los residuos, por lo que es necesaria una intervención en la zona para activarla social y productivamente.
El Plan impulsará el desarrollo económico local, no sólo por medio del fomento al turismo, sino a través de la participación de los grupos vulnerables en programas para su crecimiento financiero.
El Gobernador Enrique Alfaro informó que se instalará un Consejo Socioambiental para el Desarrollo de la Costalegre como parte de un Modelo de Gobernanza, que se hará en conjunto con todos los actores de la sociedad, estará consensuado, socializado y en sinergia con los pobladores para atender sus necesidades, priorizando el medio ambiente.
Este Consejo estará integrado por un representante social de áreas naturales bajo esquemas de protección, de las organizaciones de la sociedad civil, un representante de usuarios de distritos y unidades de riego, de las universidades, otro de los ejidos y cooperativas ejidales, uno de las asociaciones de silvicultores y un representante de las asociaciones ganaderas. Como Secretario Técnico del Consejo fue nombrado Carlos González Lozano, mientras que como Coordinador Operativo fue designado, Daniel Ruiz Benavides.
También se instalará un Consejo Económico (que definirán entre empresarios e inversionistas a su representante) que tratará temas relacionados con la generación de beneficios sociales y para el disfrute de los habitantes y desde luego, de los visitantes.
A la presentación del proyecto asistieron productores, inversionistas, desarrolladores turísticos, representantes ejidales, presidentes de comités de sitios Ramsar, autoridades de los cabildos de cuatro municipios, autoridades estatales, académicos, especialistas en medio ambiente y conservación, cooperativas pesqueras y representantes de la sociedad civil.