Una vez terminada la supervisión efectuada a las obras del Programa 3×1 Migrantes, realizada durante el mes de abril, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México en Jalisco detectó inconsistencias en 41 proyectos, de 14 municipios.
El monto global de éstos es de 61 millones 348 mil 445 pesos, de los cuales 15 millones 164 mil 844 fueron aportados por el gobierno federal.
Cabe señalar que el Programa 3×1 consiste en la ejecución de obras en favor de municipios, con la inversión concurrente del gobierno federal, estatal, municipal y los grupos de migrantes de la zona. Las obras se ejecutan a través de los gobiernos municipales.
Con el fin de cerrar la cuenta 2018, la nueva administración del gobierno federal en Jalisco decidió llevar a cabo un calendario de revisión de las obras, para cotejar los reportes entregados por los municipios, atendiendo su alta responsabilidad de vigilar la buena aplicación de los recursos públicos y en este caso, también los de la comunidad migrante que invierte en su lugar de origen.
De la supervisión a los proyectos 2018 realizada por la Delegación Jalisco de la Secretaría de Bienestar, que encabeza el Dr. Carlos Lomelí, a través de la Coordinadora del Programa 3×1 Migrantes Mtra. Adilene Navarro Hernández, se obtuvieron los siguientes resultados:
41 proyectos con observaciones detectadas en 14 municipios en los que el Gobierno Federal aportó $15,164,844.00. Sin embargo, no significa que sea el monto total para reintegrar pues existen 3 vertientes:
De los 41 proyectos con observaciones se solicitará el reintegro total en 19 proyectos que suman $3,991,209.00 del recurso federal que equivale al 25% del monto total.
En los 22 municipios restantes se hará el cálculo de qué monto se reintegrará con base a volumetría de cada uno de los proyectos, pues los faltantes son menos del 25% del total.
Están bajo supervisión de documentos los 129 proyectos aprobados en 2018, que son de infraestructura. Aunque algunos estuvieran cumpliendo con la obra en físico, si no entregaron la información requerida en su momento, también se les solicita reintegro del proyecto, pues estarían incumpliendo con la parte de la comprobación que está obligado a entregar el ejecutor, es decir, el municipio.
Por lo tanto, pudiera aumentar la cifra a solicitar como reintegro a las arcas federales.
Entre las irregularidades específicas detectadas, destaca que algunos municipios pretendían hacer pasar por obras nuevas las realizadas en años anteriores; obras sin concluir; reportes de superficies mayores de calles y espacios a intervenir a las que en realidad se realizaron, materiales diferentes a los plasmados en documento, modificaciones de obras (lo impide las reglas de operación).
Las inconsistencias detectadas se integraron a los reportes que fueron ya entregados a las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, y se notificó a la Secretaría de la Función Pública para las sanciones que pudieran proceder.

El nombre del municipio y número de obras con inconsistencias es el siguiente:
Acatic-2
Casimiro Castillo-2
Colotlán-1
Concepción de Buenos Aires-8
Jamay-2
Magdalena-2
Quitupan-5
San Gabriel-3
Sayula-5
Tizapán el Alto-2
Tolimán-5
Tototlán-2
Tuxcacuesco-1
Yahualica de González Gallo-1
Algunos ejemplos de estas inconsistencias son:
La electrificación de diversas calles del fraccionamiento José María Martínez, Segunda Sección, en la localidad de La Resolana, en Casimiro Castillo, fue suspendida, a pesar de que la inversión fue de un millón 645 mil 492 pesos. Durante la revisión, se advirtió que los postes instalados tienen grabado el año 2015, lo que significa que la obra está en 0%.
De los ocho proyectos con inconsistencias en Concepción de Buenos Aires, en uno de ellos se invirtió un millón 37 mil 868 pesos para construir un aula didáctica en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas; a pesar de que en el papel se dio por concluida, la obra se encuentra todavía en proceso, hace falta el material eléctrico, la impermeabilización, el piso, etc.; únicamente se encuentra pintada la herrería de las ventanas.
En Colotlán, las autoridades municipales se comprometieron a terminar la construcción de 2,139.65 metros cuadrados de huellas de concreto en la calle 5 de mayo, en la comunidad del Carrizal. El monto de esta obra fue de un millón 169 mil 460 pesos.
Argumentando una cuestión legal, las autoridades de Jamay modificaron el proyecto para la construcción, con un monto de 507 mil 948 pesos, del foro multipropósito en la plaza de San Agustín.
Con una inversión de un millón 322 mil 700 pesos, se aprobó la construcción de 1,380 metros cuadrados de empedrado ahogado en la calle Lauro Ávila, de la colonia El Cerrito, del municipio de Magdalena, pero aún faltan 380 metros cuadrados.
En uno de los proyectos para Quitupan, cuyo costo fue de dos millones 600 mil pesos, se detectó que no se ha colocado la asta y no se ha terminado la misma en la construcción de la plaza principal de la delegación de Lagunillas, así como tampoco se colocó la placa informativa.
Con una inversión de un millón 631 mil 916 pesos, se proyectó la construcción de la plazoleta en la comunidad de Ahuaje, en el municipio de San Gabriel, pero no se aprecia el pasto, faltan dos luminarias, 181 metros cuadrados de loza de concreto y 50 metros lineales de jardineras, además de la conclusión de las conexiones de electricidad.
La falta de ocho registros sanitarios para descargas, de los 45 contemplados, y de dos de seis pozos de visita, se detectó en la supervisión de la construcción de la red de drenaje en 169.97 metros lineales de la calle Escobedo, en el municipio de Sayula, en donde se invirtieron 353 mil 816 pesos.
Para el caso una de las obras en Tizapán el Alto, las autoridades municipales aseguran que se cumplieron las metas, a pesar de modificar el diseño del proyecto original para construir 380 metros cuadrados de pavimento de empedrado tradicional en la calle Pablo Anaya, de la localidad de El Volantín, cuyo costo fue de 654 mil 556 pesos.
Sin previo aviso, las autoridades municipales de Tolimán hicieron modificaciones a los proyectos aprobados para construir parques recreativos en las comunidades de Pueblo Viejo y Paso Real, con inversión de tres millones 19 mil 916 pesos y cuatro millones 588 mil 189 pesos, respectivamente.
En el proyecto para construir 726 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico en la calle Sabas Reyes del municipio de Tototlán, se verificó que sólo fueron 618 metros cuadrados y las autoridades señalan que se complementaron con la prolongación de esa rúa, sin embargo, faltan metros lineales en la construcción de machuelos, un pozo de visita y no se localizaron las dos cajas de válvulas proyectadas. En esta obra la inversión fue de un millón 43 mil 404 pesos.
En Tuxcacuesco, se invirtieron cuatro millones 377 mil 994 pesos en la construcción de un parque lineal, pero faltan por colocar 20 bancas y cuatro módulos de ejercicio.
Mientras que, en Yahualica de González Gallo, en la red de drenaje, agua potable y repavimentación con concreto hidráulico en la avenida Faro, cuyo costo fue de un millón 807 mil 118 pesos, faltan metros cuadrados de construcción en banquetas y guarniciones, no se tiene a la vista el pozo de visita y se aumentó el número de metros cuadrados de concreto hidráulico, conforme al proyecto aprobado.

Todas las obras mencionadas, debieron concluirse en 2018.
El presupuesto para estos proyectos se completó con la aportación del gobierno estatal por el orden de 14 millones 879 mil 67 pesos; 17 millones 40 mil 859.50, por parte de los municipios, y 14 millones 263 mil 670.50 que aportaron diversas asociaciones de migrantes radicadas en los Estados Unidos.
El monto total aprobado en 2018 para el 3×1 en Jalisco fue de $50,295,979.00.
El total de proyectos en 2018 fueron 145, de los cuales:
Infraestructura social (obra): 127, sin embargo, se cancelaron 5 de Tala, ya hizo el reintegro a la federación.
Servicios comunitarios: 7 (obra)
Educativos: 3 (becas)
Productivos: 8 (son apoyos a personas físicas)
La revisión a los reportes de obra se realiza por vez primera, atendiendo la instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de vigilar el buen uso de los recursos públicos.