El Estado mexicano ha sido incapaz de reparar el daño de las personas que tienen algún familiar desaparecido y, por el contrario, les dejan a las víctimas la responsabilidad de investigar, excavar y hallar fosas para encontrarlos, coincidieron este viernes académicos y especialistas reunidos en el I Coloquio de Investigación: “Desaparición forzada de personas”, organizado por el Laboratorio de Estudios Sobre Violencia del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), que tiene lugar en la sede Los Belenes de este plantel de la Universidad de Guadalajara.
El académico del Departamento de Filosofía del CUCSH, doctor Ramiro Contreras Acevedo, señaló que el Estado dejó de cumplir una de sus funciones, que es la de garantizar la seguridad de las personas; aunque esto no es aceptado desde los tres ámbitos de gobierno y, más aún, han disminuido el presupuesto encaminado a asegurar los derechos sociales.
“Los ciudadanos no podemos hacer nada para evitar que nos desaparezcan. No es esa la cuestión, sino qué puede hacer el Estado a quien yo le confié la seguridad, y ¿qué es lo que ha hecho? Nada. ¿Qué es lo que sí podemos hacer como ciudadanos? Exigir que nos diga qué hizo para dar seguridad, pero eso va de la mano con los presupuestos. Los derechos sociales son directamente proporcionales al diseño de políticas públicas para conseguirlos”, subrayó el universitario.
La especialista en Ciencias Forenses y miembro del Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de Desaparición de Personas, maestra Dayane Ortiz Torres, dijo que lejos de ir a la baja y de que los tres ámbitos de gobierno den solución a los 40 mil casos de desaparecidos, éstos incrementan, y refirió la estadística de 14 personas que desaparecen todos los días.
“Aumentan no sólo las desapariciones, sino las fosas clandestinas, los homicidios. Todo el país es un panteón. Me parece gravísimo que las personas que padecen esta situación y no saben qué pasa con su familiar, se sientan con esa esperanza de que aparezcan fosas y que ahí pueda estar, es absurdo que se sientan con esa esperanza. Toda la sociedad estamos en ese hoyo”, resaltó Ortiz Torrez.
Advirtió que los medios de comunicación y la sociedad solamente cuantifican a las 40 mil personas desaparecidas, pero no consideran que atrás de eso hay 40 mil familias buscando todos los días, y cuestionó por qué las familias son las que tienen que escarbar en la tierra para encontrar a sus seres queridos, cuando es una atribución que le corresopnde al Estado.
“¿Por qué hay mamás y familias con picos y palas buscando a sus hijos? Es por falta de la capacidad e interés del Estado”, denunció.
La Coordinadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, Guadalupe Aguilar, declaró que los familiares están desilusionados por el tratamiento que el gobierno federal le ha dado al problema de los desaparecidos y asesinados por el crimen organizado y las fuerzas federales, pues esperaban una postura más firme para hacer justicia.
“Teníamos muchas ilusiones en el gobierno federal, pero todas se han ido acabando poco a poco, empezando por su idea de ‘Perdón y olvido’, en la que no estamos de acuerdo. Estamos a punto de agarrar un fusil y no es posible que nos digan ‘Perdón y olvido’. Nosotros no tenemos un duelo, el duelo es cuando alguien se muere y sabes que no lo vas a volver a ver, nosotros estamos con el signo de interrogación y la esperanza latente de saber qué pasó y saber algún día de ellos”, subrayó la activista.
Además de dejarlos desamparados en la búsqueda de sus familiares, Aguilar dijo que han “pisoteado” sus derechos humanos, empezando por la privación de la libertad de los desaparecidos, y el derecho a la vida y a la justicia.
Con Información de prensa UdeG